Este Manifiesto ha sido aprobado, por unanimidad, en el Pleno de la Junta de Personal Docente reunido el día 26 de enero de 2012.
Desde la Junta
de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de la provincia de
Toledo invitamos a las empleados públicos de Castilla-La Mancha a manifestar
conjuntamente nuestro malestar y nuestro rechazo a la segunda parte del mal
llamado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, un plan que más
bien debería denominarse Plan de Recortes, pues son recortes lo que
efectivamente contiene.
Rechazamos
rotundamente el hecho de que en una situación como la que estamos viviendo, con
cinco millones de trabajadores y trabajadoras en paro, en lugar de tomar
medidas que sirvan para crear empleo y, consecuentemente, dinamizar la
economía, nuestro gobierno regional adopte medidas que inevitablemente crearán
más paro, en el sector público de forma directa e indirectamente también en la
empresa privada. Este nuevo incremento del número de trabajadores parados se
suma al producido en los últimos tiempos y, especialmente, desde que el 31 de
agosto la presidenta Cospedal anunciase su primer plan de recortes.
A esta
agresión al empleo se suma el anuncio de privatizaciones en Sanidad y en
Educación. Poner el empleo y la gestión de lo público en manos de empresas
privadas lleva consigo que algunos acaben haciendo negocio con los servicios y,
como nos muestra la experiencia, aplicando criterios puramente economicistas
que recortan puestos de trabajo, empeoran la atención a la ciudadanía y
disminuyen la calidad de los servicios públicos.
No estamos
dispuestos a consentir que el Estado del Bienestar que tanto trabajo nos ha
costado conseguir, y cuyos principales pilares son los servicios públicos
universales y de calidad, se vaya desmantelando y lo público se convierta en
una red asistencial deficiente para los más desfavorecidos, mientras que la
atención de calidad quede reservada a quienes pueden pagarla acudiendo a una
empresa privada.
Este segundo
Plan de Recortes carga una vez más contra los empleados públicos, que, pese a
no haber sido los causantes de una crisis que todos padecemos, venimos
soportando recortes en nuestros salarios y en nuestras condiciones laborales
por parte del gobierno del Estado y del de la Comunidad Autónoma, con
independencia de su signo político. Es indignante por injusto y por recurrente,
que se convierta a los empleados públicos en chivo expiatorio de los males de
nuestra economía y la irresponsabilidad de nuestros gobernantes. Se intenta
transmitir la imagen de que somos unos privilegiados, pasando por alto que al
hablar de empleados públicos es necesario hablar de funcionarios, de personal
estatutario y de personal laboral, colectivos con condiciones muy diferentes y
cuyo nexo común es superar una prueba selectiva donde los principios de
igualdad, mérito y capacidad son el garante de su independencia y legalidad.
Interesadamente se olvida que la mayoría de los empleados públicos tienen
retribuciones escasas, que en muchos casos no llegan a los 1000€, y que no
todos tienen trabajo fijo ni mucho menos, sino que el índice de precariedad que
soportan interinos, sustitutos, etc... está por encima de la mayoría de las
empresas privadas. Y no sólo pagamos la crisis con una disminución de nuestras
retribuciones, sino que se aprovecha la situación para eliminar derechos
sociales y laborales conseguidos tras muchos años de lucha y de negociación.
Y todo ello se
lleva a cabo ignorando la obligación legal de consultar y negociar con los
trabajadores afectados y con sus legítimos representantes la aplicación de
medidas que afecten a sus condiciones laborales y económicas. El gobierno
regional demuestra un desprecio absoluto a la negociación colectiva, pues o
bien no reúne las mesas negociadoras o, cuando lo hace, se limita a informar de
decisiones previamente adoptadas que empeoran sustancialmente la situación de
los trabajadores y de los servicios y de las que pretende hacernos sabedores o
cómplices.
Mucho nos
tememos que la aplicación de las medidas contenidas en los dos planes de
recortes aprobados por el gobierno, y otras que puedan venir, empeoren en los
próximos meses aun más la situación que vivimos en este momento. Es por esto
que pensamos que debemos prepararnos para dar una respuesta contundente
sostenida en el tiempo. Para esto convocamos concentraciones y manifestaciones
el pasado mes de diciembre y, reunidos de nuevo en el mes de Enero, hemos
acordado un conjunto de movilizaciones de intensidad creciente hasta el 29 de
febrero, que contiene asambleas, concentraciones, manifestaciones y huelga para
conseguir que el gobierno dé marcha atrás en sus agresiones y renuncie a seguir
agrediendo a los empleados y a los servicios públicos.
Queremos contar con todos los empleados y empleadas públicos. Es mucho
lo que nos jugamos y todos debemos defenderlo. Por eso pedimos la participación
masiva de todos los trabajadores y de aquellos usuarios de los servicios
públicos en las acciones que propongamos en su defensa.
